La realidad de los trabajadores a honorarios del servicio público siempre va acompañada de la inestabilidad, esto, ya que en rigor no tienen la calidad de funcionarios públicos, si no que prestan los servicios establecidos en su acuerdo laboral, sin tener los derechos de un trabajador regular. Lo que se presta en muchas ocasiones a retrasos en los pagos de los sueldos, en especial en estas fechas.
De acuerdo al dictamen N° 004372N19 emitido por la Contraloría General de la República en febrero de 2019 luego de reclamos de trabajadores del FOSIS, no debería haber impedimento para que los funcionarios reciban sus sueldos, siempre y cuando el trabajo haya sido realizado. Y si bien, en algunos servicios esto se ha cumplido según cuentan algunos trabajadores de dicho servicio, en otros organismos y en distintos municipios la situación no es así.
Claudia Barriga Riveros, presidenta de la Federación de Trabajadores y Trabajadoras a Honorarios del Sector Público del Biobío, nos comenta que, hay empleadores “con una clara voluntad de no generar este impacto y desmedro en los trabajadores, otros, sin embargo, de manera indiferente y apelando a no caer en alguna irregularidad, no tienen esta voluntad y dejan a muchos colegas sin pago por varios meses y en algunos casos hasta sin contrato”.
Esto sucede, por poner un ejemplo, en la comuna de Cañete, donde trabajadores de los programas Prodesal y PDTI de INDAP comienzan a trabajar en enero, pero recibirán sus sueldos en el mes de marzo. Mientras que en los municipios sucede que no pagan los sueldos mientras la remesa de dineros no sea ingresada a la entidad; pero en otros casos la municipalidad presta con aprobación del concejo los fondos para el pago de remuneraciones y los trabajadores y trabajadoras pueden recibir sus sueldos sin retraso y una vez ingresados los fondos del programa se devuelven al municipio.
¿Qué sucede entonces con el dictamen de la Contraloría? Para la dirigenta Claudia Barriga, “literalmente lo pasan por alto al no tener vínculo laboral. En muchos casos la indiferencia de las autoridades convierte a los trabajadores a honorarios en trabajadores de 3° categoría, expuestos a vulneraciones, acoso y hasta desvinculación si se exigen este tipo de cosas”.
Claro que este es un problema de larga data y con un horizonte poco claro, ya que como cuenta Barriga, “el problema más grave que tenemos como trabajadores a honorarios es la vulneración de derechos, porque la ley de planta no permite ampliar la planta del Estado. Sin los honorarios en el sector público no funciona ninguna política pública, aun así, el Estado sigue manteniéndonos en esta condición. Y ahora, con la obligación de cotizar el margen de cotización que vamos a tener es muy bajo, más aún con la reforma a las pensiones con el 6% de aporte patronal, que en este caso lo vamos a tener que pagar nosotros y eso sí que es un retroceso, porque es prácticamente un impuesto por trabajar”
