Hace 77 años, un 5 de mayo de 1943, en un segundo piso de la calle Esmeralda 878, de Santiago, los representantes de diez Servicios del Estado (Tesorería, Postal Telegráfica, Impuestos Internos, Empleados administrativos y de Servicios de la Universidad de Chile, Registro Civil e Identificación, Servicios de cobranzas judiciales de impuestos, Empleados y Administrativos del Ministerio de Educación y Dirección de Pavimentación) acordaron fundar la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).
DIRECTORIO NACIONAL ANEF
Todas estas agrupaciones de trabajadores fiscales eligieron a Clotario Blest Riffo como su presidente. Permanece en el cargo, hasta 1958, después integra la comisión técnica de la ANEF, cargo que ocupa hasta el año 1980. Esto es el inicio de la historia de la ANEF y el desafío de convertirse en un instrumento de representación y de lucha de los/as funcionarios/as públicos/as, pero más importante aún, como motor del desarrollo del Estado de Chile al servicio de su pueblo.
Esta conmemoración la hacemos en medio de las peores pandemias; sanitaria e ideológica, con repercusiones sociales, económicas, políticas y humanitarias. Una tormenta perfecta para imponer la cuarentena sanitaria y simultáneamente la cuarentena político-social, contra los movimientos populares y las organizaciones sociales que desde el 18 de octubre incrementaron las movilizaciones por conquistar sus derechos largamente postergados.
Incluso antes de la llegada del COVID-19 anunciábamos que el neoliberalismo no tenía entre sus prioridades defender la vida y la salud de las personas. Por el contrario, sin descanso, advertíamos las calamidades que iba dejando a su paso: retroceso y limitaciones a los derechos laborales, desmantelamiento del Estado y los servicios públicos, daños ambientales, atropello de derechos fundamentales en defensa del gran capital. Difícilmente, bajo ese paradigma, la vida podía tener algún valor en medio de una crisis sanitaria a escala global.
Utilizando coerciones visibles e invisibles, han obligado a nuestro pueblo a relacionarse con el mercado y no con el Estado; privatizando, tercerizando la función pública y mermando el bien común. Paralelamente, el modelo instala un diseño con campañas de desinformación, pretendiendo invisibilizar el trabajo de las y los funcionarios públicos, quienes asumen un rol protagónico en la pandemia; presencia permanente con sistemas de turnos especiales y de forma remota temporal, todos los días de la semana, fin de semanas y festivos para seguir atendiendo a las y los chilenos.
Hoy, en medio de la crisis sanitaria, no han sido capaces de responder con coherencia ante el desafío de preservar la vida, anunciando y promoviendo en cadena nacional un “retorno seguro a una nueva normalidad”, con mensajes erráticos, que confunden y exponen a las personas innecesariamente al contagio, en medio de un alza exponencial (anunciada por expertos y funcionarias/os de la salud), presionando al pueblo por salir y relajar las medidas de seguridad, sentando un precedente de irresponsabilidad social frente a la pandemia.
En la peor crisis económica que se avecina, han elaborado leyes y dictámenes que, “en defensa del empleo”, permiten que las grandes empresas suspendan el contrato de trabajo y dejen de pagar los sueldos a sus trabajadoras/es, para en dos meses dejar más de medio millón de chilenos y chilenas cesantes. Con cinismo y sin vergüenza permiten que un holding empresarial, como Cencosud, se acogieran a la Ley de Protección al Empleo, un descaro inmoral frente a la distribución de las utilidades entre sus accionistas, mediante la cual se reparten el 80 por ciento de sus utilidades del año 2019, equivalente 91 mil 360 millones de dólares. Asimismo, con igual desvergüenza, aparecen grandes consorcios (LATAM) golpeando las puertas del Fisco para solicitar salvataje empresarial, donde se reconoce la importancia del Estado policía y protector de los dueños de las grandes fortunas, en cambio aplican rebajas de salarios o despiden a sus trabajadores.
A 77 años de nuestra fundación, conmemorando este día en difíciles condiciones, seguimos sosteniendo que estaremos siempre por construir un mundo donde el trabajo sea para sostener la vida y no la acumulación de la riqueza. Mantenemos la firme convicción que el rol del Estado es fundamental en momentos de crisis, en socorrer a las y los chilenos, colocando en el centro el valor del ser humano, respetando su salud y la vida, por sobre el capital; garantizando los derechos sociales de las y los ciudadanos.
No descansaremos hasta alcanzar un desarrollo laboral y un trabajo decente para las y los funcionarios públicos, uniremos fuerzas con movimientos sociales y sindicales para reponer un sistema de seguridad social, basado en un sistema de pensiones público de reparto, administrado por el Estado, con financiamiento tripartito y que garantice pensiones dignas para las y los trabajadores de nuestro país. No daremos ni un paso atrás en la urgente defensa de un sistema tributario que tenga como objetivo promover la mejor distribución de los ingresos nacionales. Dispondremos nuestras energías para alcanzar una nueva Constitución, que establezca una relación social, política, económica y cultural, que supere la grave desigualdad y permita reconstruir una sociedad chilena con mayor justicia social.
La ANEF, a 77 años de existencia, sigue siendo el faro vigilante que orienta y dispone su legado para el servicio de sus afiliadas y afiliados comprometida con Chile y su pueblo.
