NOTICIA: La iniciativa fue presentada mayoritariamente por senadores de la derecha y busca una reforma constitucional que otorgue este derecho a los funcionarios del sector público. Una iniciativa similar fue presentada el año 2011 pero fue rechazada en sala.
[Santiago, 19 de marzo 2014] Los senadores de la UDI Hernán Larraín, Jaime Orpis y Víctor Pérez, sumado el RN José García y el DC Patricio Walker, presentaron esta semana un proyecto de reforma constitucional sobre negociación colectiva y derecho a huelga del sector público. Este será analizado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado.
“Chile requiere superar las restricciones constitucionales al ejercicio del derecho a la negociación colectiva en el sector público y avanzar en la creación de instancias de diálogo entre el Estado y sus trabajadores. No resulta explicable que este sector carezca de una legislación actualizada en conformidad a los estándares internacionales que permiten y exigen la negociación colectiva con derecho a huelga”, afirmaron los parlamentarios tras la presentación del proyecto.
Por su parte el mandamás de los empleados fiscales, Raúl de La Puente, presidente de la ANEF, señaló que esta no es una iniciativa nueva. Durante el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera, algunos parlamentarios ya habían realizado esta propuesta y acusó a la ex ministra del trabajo, y ex candilada presidencial, Evelyn Matthei, de no haber apoyado esta iniciativa. “La acción de ella impidió de que el proyecto pudiera fructificar en el senado”.
Según el presidente de la ANEF, la huelga legal y la negociación colectiva son derechos que están reconocidos mundialmente, pero aquí en nuestro país, insólitamente no se cumplen. “Chile ha ratificado los convenios 87 que es de libertad sindical y el 151 que es para el sector público, de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). De manera que existe una contradicción entre la legislación nacional y los convenios que han sido firmados y ratificados por nuestro país”, agregó Raúl de La Puente.
Según los nuevos impulsores de esta iniciativa, en ella se busca “poner término a una discriminación legal que hoy día carece de justificación y también reiniciar un proyecto que en el año 2011, fue desechado por el parlamento”.
