OPINIÓN: El derecho a una Maternidad Protegida se constituye como una de las demandas más sentidas de las mujeres pertenecientes a la clase trabajadora. Hace siglos que las trabajadoras, en todas partes del mundo, exigen que se garantice el derecho a ser madre en condiciones de dignidad, lo anterior implica asegurar ciertos aspectos mínimos, tanto en materia social como en materia laboral, los que permitan a toda mujer que decida convertirse en madre, poder asumir y desarrollar las tareas de cuidado y crianza en las mejores condiciones posibles.
Por: Francisca Valdés. Asociación Intersindical de Trabajadoras y Trabajadores Clasistas AIT
En relación a lo mismo, desde el movimiento sindical, han emergido una serie de demandas que apuntan a la protección de aquellas trabajadoras que son madres, como el resguardo del puesto de trabajo o el descanso pre y post natal, ambos derechos irrenunciables y cuyo objetivo ha sido convalidar el empleo formal con las tareas de crianza, sin embargo, una de las demandas fundamentales desde el mundo del trabajo, en relación a la maternidad protegida, es el acceso universal a sala cuna y jardín infantil.
Hace poco más de cien años, fue promulgada en nuestro país la primera Ley de sala cuna, que obligaba a las fábricas que tuviesen más de 50 mujeres trabajando (mayores de 18 años) a disponer de una sala cuna para las hijas e hijos de las trabajadoras, hasta que estos cumpliesen el primer año, además otorgaba una hora diaria para el amamantamiento de sus hijos/as. Sin embargo, y a pesar de que existen “avances” desde esa primera ley hasta la fecha, aún son insuficientes, la legislación nunca fue lo suficientemente efectiva para garantizar este derecho a todas las mujeres trabajadoras del país, ya que desconoce la realidad concreta y material de las mujeres pertenecientes a la clase trabajadora, que acceden a empleos precarizados (subcontrato, suministros, honorarios), que trabajan por cuenta propia o de manera informal (sin contrato), y que además, en su mayoría, se ven sometidas a la explotación del trabajo doméstico.
En relación con esto mismo, este año el gobierno empresarial de Sebastián Piñera ha anunciado con bombos y platillos una nueva Ley de Sala Cuna Universal, que promete que toda mujer que “ingrese” al mundo laboral tendrá el derecho de acceder a sala cuna o jardín infantil para sus hijas/os. Lo anterior suena bastante prometedor, y si fuera cierto significaría un gran avance para las mujeres y familias pertenecientes a la clase trabajadora, sin embargo, la experiencia nos ha demostrado que siempre tenemos que leer la letra chica tras estos “grandes anuncios”.
Cuando revisamos en mayor profundidad este proyecto de ley (cuya discusión ya no tiene carácter de urgente), evidenciamos que tras esta fachada que asegura el derecho a una maternidad protegida, en realidad se esconden los intereses ambiciosos de siempre, ya que este “acceso universal” a sala cuna y jardín infantil, estará sujeto a una serie de elementos que promueven la intervención directa del Mercado en la Educación Preescolar, apostando por el crecimiento de salas cunas y jardines infantiles privados y subvencionados, ya que la oferta pública no logrará dar cobertura a la cantidad de niñas/os que requieren el beneficio, promoviendo solapadamente el lucro en la educación preescolar.
En términos formales, esta ley contempla para su financiamiento la creación de un fondo solidario, con participación del Estado, las empresas y los trabajadores/as, es decir, los recursos para financiar la educación preescolar vendrán de estos tres actores. Pero, ¿dónde está el problema con este supuesto fondo solidario?, en primer lugar, las y los trabajadores una vez más tendrán que aportar desde sus propias cotizaciones para cubrir un derecho que debiese garantizar el estado o los empleadores, además, como es una ley que permite el copago, en caso de acceder a un recinto educativo privado o subvencionado tendrán que pagar la diferencia existente entre el arancel requerido por el establecimiento y el monto entregado desde este fondo, sin embargo, el aporte que harán los empresarios disminuirá notoriamente en relación al que realizan actualmente por el código del trabajo (pago total de la sala cuna), y en relación al aporte del Estado, este no generará nuevos recursos para aportar a este fondo, sino que va a trasladar los recursos del subsidio de cesantía para cubrir el aporte requerido. Por lo tanto, en términos concretos la nueva ley de sala cuna, les restará recursos a los trabajadores/as, les generará un ahorro evidente a los empleadores, le otorgará recursos al sector privado de la educación preescolar y, además, desligará aún más al estado de su responsabilidad como garante de derechos.
Concretamente este beneficio aportaría una subvención de $245.000 mensuales a las trabajadoras (más el costo de matrícula), y este podría ser utilizado en recintos educacionales tanto públicos como privados, abriendo una clara posibilidad al copago en caso de optar por matricular a los hijos/as en establecimientos subvencionados o privados, lo que implicaría que las familias tendrían que pagar la diferencia existente pues la subvención asignada no alcanza a cubrir la mensualidad de una sala cuna privada que en promedio cobra $300.000, por lo que la diferencia tendrá que ser cancelada por la familia, generando altos niveles de desigualdad, sobre todo considerando que aquellas familias que reciben el sueldo mínimo, no podrían pagar esta diferencia. Además, según consigna la ley, a partir de los dos años del uso del beneficio, las familias tendrán que cancelar la totalidad de la mensualidad.
Por lo tanto, este proyecto de Ley no beneficia en absoluto a las mujeres trabajadoras ni a sus familias, no apuesta por otorgar condiciones de dignidad para el desarrollo de la maternidad, sino que se constituye como otra ley neoliberal, que cuida el bolsillo de la patronal y promueve el enriquecimiento de los empresarios de la educación quienes llenarán sus arcas por medio de este supuesto fondo solidario.
