NOTICIA: A través de declaración pública trabajadores del Estado agrupados en la Mesa del Sector Público y en la Confederación de Empresas del Estado, hicieron un llamado a mantenerse alertas frentes a las consecuencias que podría traer la concesión de empresas estatales
[Santiago, 16 de septiembre de 2020] Un llamado a las bases a estar atentos e informados sobre cómo se está llevando el proceso de licitación de los terminales marítimos de Puerto Montt, Chacabuco y Punta Arenas, últimos puertos que conservan el 100% de sus operaciones en manos del Estado, realizaron representantes de las asociaciones y confederaciones afiliadas a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y Confederación de Sindicatos de empresas estatales unidos en la mesa social. Ver Declaración
En una declaración pública los dirigentes sociales advierten que desde su perspectiva, las exigencias de las autoridades para la licitación de los puertos mencionados coloca el foco solo en mantener los empleos de los trabajadores de esos terminales privados; “estos procesos generarán pérdida de empleos directos e indirectos, sin mencionar el aumento de los costos portuarios, que derivarán en las disminuciones de proyectos en regional, impactando directamente en el desarrollo regional y en la generación de empleos”, señala el documento.
Los dirigentes de la mesa Social fueron claros en señalar que “expresamos nuestro rechazo a la decisión de este gobierno, y hacemos un llamado a nuestras bases a estar atentos e informarse como se lleva adelante este proceso, en medio de un plebiscito constitucional que clara y democráticamente intentará profundizar el rol del Estado en Chile, el cual creemos no puede seguir siendo disminuido”.
Según se informa la modernización portuaria, iniciada con la ley N° 19.542, “significó un fuerte golpe a los intereses de los trabajadores” y que a juicio de la mesa social “las redes sociales instaladas por el gobierno han cubierto a unos 4.000 trabajadores que dejaron de prestar servicio en los puertos”. En el sector público, la situación sería más compleja dado que los procesos de concesión “significaron la pérdida de 1.600 puestos de trabajo y empleos de calidad”.
A eso hay que agregar que tal como lo plantearía el gobierno, el impacto de las licitaciones portuarias “comprometería el desarrollo de las comunidades donde se encuentran instaladas, sin lugar a duda se generarán incrementos en el costo de la vida de todos y todas. Debemos pensar que la entrega de estos últimos puertos a los grupos económicos de nuestro país definitivamente privatiza el cabotaje marítimo en Chile, además que, se perderá el rol de palanca de desarrollo regional que mantienen estas empresas donde se encuentran ubicadas, perderemos al regular del mercado“, se señala.
Cabe destacar que por su parte, la Fenatraporchi, entidad que es parte también de la mesa social, ya ha denunciado que “el gobierno en los últimos meses ha dado fuertes señales y efectuado anuncios en cuanto a avanzar hacia una completa concesión a privados de la totalidad de los puertos del sur del país” que son administrados en la actualidad por las empresas públicas señaladas en la ley N° 19.542, que se ratifica con el envío de las solicitudes al tribunal de la Libre competencia.
