El documento fue presentado por el presidente regional de la ANEF, Freddy González, acompañado por el dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP), el cabo segundo César Padilla.

“Para ellas es nefasto. Muchas de ellas son esposas, tienen familias y que estas imágenes salgan a la luz pública provocará ser revictimizadas. Esperamos que quienes tengan responsabilidad en estos hechos paguen por lo que han cometido y así también que se determinen las responsabilidades administrativas por parte de las autoridades a fin de restituir las garantías para trabajar y brindar una mejor atención a las gendarmes”, afirmó Freddy González.

El caso reviste una serie de irregularidades, por cuanto se trataría de la instalación de cuatro cámaras de vigilancia ocultas que no forman parte del circuito cerrado de televisión con que cuenta Gendarmería para fines operativos de vigilancia.

Según señala el documento presentado en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, este tipo de procedimientos sólo son permitidos cuando “las personas realicen actuaciones que dañen a otros, sean delitos, sean hechos de relevancia pública o que afecten al bien común”; situación que no correspondería a este caso.

“Acá hay hechos graves que afectan los derechos de las funcionarias, quienes además son objeto de bullying. Ellas sufren la presión de la población penal. Están muy mal. La única medida realizada a su favor fue cambiarlas de lugar de trabajo. Esperamos que la autoridad de gobierno se haga responsable”, dijo Padilla.

El dirigente de ANFUP explicó que Gendarmería inició acciones legales contra dos sospechosos ante la Fiscalía, pero que no se han tomado medidas internas de acción inmediata. Reconoció la labor en la intervención del SernamEG, entidad que brindó atención sicológica a las gendarmes apenas ocurridos los hechos.