NOTICIA: Organizaciones sindicales de empresas o instituciones que reciben aportes del Estado podrían verse impedidas de negociar colectivamente.
[Santiago, 15 de abril de 2019] Con temor iniciaron este año los trabajadores y las trabajadoras de la educación superior. Esto porque el 18 de enero pasado, la Dirección Nacional del Trabajo emitió un dictamen que modifica su interpretación sobre el Inciso Tercero del Artículo 304 del Código Laboral. Artículo que regula en qué instituciones o empresas puede ser llevada a cabo la negociación colectiva y bajo qué condiciones, definiendo que pueden negociar instituciones que reciben menos del 50% de aportes del Estado.
Hasta esa fecha, los aportes considerados como base de cálculo para determinar ese porcentaje no incluían fuentes como las de título oneroso, que abarca, entre otros, el financiamiento a proyectos. Sin embargo, el dictamen de enero apuntó que no existiría distinción entre los aportes a título gratuito y los de carácter oneroso, que implican la prestación de un servicio.
Por otro lado, el año pasado la Corte de Apelaciones de Talca concluyó que la gratuidad sería un aporte directo y puede utilizarse para definir la posibilidad de la negociación en el caso del proceso que llevaba adelante la organización sindical de la U. Católica del Maule. Ambos sucesos complican el escenario de las organizaciones sindicales de la educación superior, pues las nuevas consideraciones para calcular el 50% tope para negociar superarían esa cifra.
Osvaldo León, Vocero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Superior (CONATUCH), afirma que las nuevas condiciones “atentan gravemente contra un derecho fundamental, como es el proceso de negociación colectiva. Única forma en que los trabajadores y trabajadoras pueden establecer mejoramientos de condiciones sociales, salariales y de trabajo en igualdad de condiciones con la empleadora”. De parte de las autoridades de las instituciones de educación superior no ha habido un pronunciamiento oficial.
Sin embargo, no sólo organizaciones sindicales de la educación superior se ven afectadas por esta problemática: El Sindicato de Regiones Unidas del Instituto de Fomento Pesquero recibió, tras la entrega del proyecto de contrato colectivo de trabajo, una objeción de legalidad de parte de la empresa, que invocó el Inciso Tercero del Artículo 304 y el Dictamen del 18 de enero de la Dirección del Trabajo. Por otro lado, desde organizaciones sindicales de subcontratados del Sename han advertido sobre las dificultades que impone el nuevo escenario.
En este marco, CONATUCH llevó a cabo una movilización nacional informativa y de análisis el pasado martes 9 de abril y pretende, junto a un grupo de parlamentarios, presentar un proyecto de ley para modificar el artículo y así poder institucionalizar la negociación colectiva.
