ENTREVISTA: El director nacional del Trabajo, Christian Melis, entrega detalles acerca de cómo se prepara el servicio que encabeza para la implementación de la reforma laboral, aprobada durante este año. Además entrega sus impresiones sobre el resultado del proyecto y adelanta lo que se viene para el órgano fiscalizador.

Por Paula Ampuero y Felipe Menares

¿Cuál es el rol que cumple la Dirección del Trabajo como ente del Estado?

La Dirección del Trabajo (DT) tiene asignadas varias funciones. Probablemente, la principal es fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral. Junto a esa, hay otras que son complementarias, como la interpretación laboral, a través de los dictámenes o pronunciamientos jurídicos.

Una tercera función es la difusión y promoción de la legislación laboral y de los derechos de los trabajadores y lo hacemos a través de nuestra red de comunicaciones, capacitaciones y sitio web. Por lo tanto, difundimos los derechos laborales en los actores sociales, empresas y trabajadores.

La cuarta función tiene que ver con el fomento de la libertad sindical y dentro de ese punto, naturalmente, el apoyo a las organizaciones sindicales.

Una última función tiene que ver con la prevención de conflictos en el ámbito del trabajo, ya sean individuales (conciliaciones) o colectivos (mediaciones).

REFORMA LABORAL EN DETALLE

Según la normativa antigua, se podía formar sindicato en las empresas de menor tamaño con 8 trabajadores y con eso bastaba. Ahora se exige que esos 8 trabajadores constituyan, por lo menos, el 50% del total de trabajadores de la empresa. ¿Cuál es el fundamento detrás de esa medida, considerando que puede representar una dificultad adicional para formar un sindicato?

Tiene que ver con la representatividad de los trabajadores, que efectivamente puedan ser organizaciones que sean representativas. La ley también les da un plazo para llegar a ese número y, por lo tanto, el objetivo era evitar la atomización sindical, que es un problema grave, porque atenta contra la lógica sindical.

Hay trabajadores que dicen que es un obstáculo para la formación de sindicatos…

Eventualmente, el legislador entendió que era necesario establecer un grado de representatividad en los sindicatos al interior de una empresa y, por lo tanto, fijó esa norma.

Hace unos meses hubo un taller en el Ministerio del Trabajo y la gente se preguntaba cómo se hará efectiva la cuota de un tercio de mujeres en las directivas de los sindicatos. ¿Desde cuándo entra en vigencia la ley? ¿Van a tener que cambiar los estatutos?

Tienen un plazo de un año para cambiar los estatutos. Vamos a apoyar a los sindicatos; probablemente, en su momento les vamos a sugerir textos que ellos puedan incorporar en sus estatutos, pero al final del día, la decisión de qué incorporan es de los propios sindicatos.

¿Cómo se puede hacer operativo eso, tomando en cuenta que hay sectores laborales que tienen escasa participación laboral femenina, pensemos en la minería, por ejemplo?

Nadie está obligado a lo imposible. Tú podrás tener empresas donde solo trabajan hombres, naturalmente en ese caso no se va a aplicar la norma. También pueden haber casos donde haya baja participación femenina y que uno no tenga personas que quieran asumir cargos. Uno no puede obligar a la gente a asumir cargos. Por lo tanto, en esos ámbitos, siempre uno debiese aplicar esta regla de que nadie está obligado a lo imposible. Estableciendo el procedimiento, éste opera en la medida en que hayan personas en condiciones de asumir y que además tengan la voluntad de hacerlo.

Si bien se podría considerar que hubo un avance en la igualdad de género a través de la normativa, ¿qué pasa con la educación laboral en género? Porque finalmente, esta parte de la ley puede ser interpretada como una imposición para muchos dirigentes hombres, que todavía no lo entienden, porque se trata de un tema cultural…

Ahí hay una labor educativa. Tengo la impresión que primero debiese nacer del propio mundo sindical y desarrollar una labor educativa para cambiar estos cánones tan arraigados en el mundo sindical. Desde el Estado, y particularmente a través de la DT, también vamos a desarrollar actividades educativas y de difusión de esa norma específica, de manera de poder ir cambiando estos cánones tradicionales. He escuchado muchos dirigentes que rechazan esa posibilidad, pero hay un camino que recorrer.

En la reforma está el tema de los servicios mínimos, que fue bien cuestionado por las dirigencias sindicales, pero quería detenerme en un punto particular que les compete a ustedes como organismo. En la ley actual se judicializaba el tema de los equipos de emergencia y ahora gran parte de la responsabilidad sobre los servicios mínimos recae en la DT. ¿Cómo están preparándose para esta nueva responsabilidad?

Los equipos de emergencia son muy poco utilizados en la actualidad, porque tú tienes la contrapartida, que es el reemplazo de trabajadores en huelga, Por lo tanto, en general, la vía de hacerlo es a través de reemplazos y no a través del equipo de emergencia.

Al desaparecer el reemplazo en la huelga, naturalmente, puede cobrar más importancia la idea de los servicios mínimos. Si bien fue criticada, yo diría que es una idea internacionalmente aceptada, está dentro del esquema OIT, que habla de la eliminación del reemplazo, pero establece la idea de servicios esenciales, que es lo que nosotros conocemos como provisión de la huelga y la idea de servicios mínimos.

Nosotros esperamos tener un alto requerimiento de servicios mínimos, pero también es un requerimiento progresivo, no se tiene de una sola vez. La ley establece plazos muy largos para que uno vaya entrando en la lógica de servicios mínimos, es decir, una empresa que negocia en cuatro años más, el próximo año no va a entrar en la calificación de servicios mínimos, porque tiene que esperar 180 días antes de la próxima negociación colectiva que le toca.

Para eso nos venimos preparando hace un año. Hemos formado una unidad especializada al interior de la DT de servicios mínimos, encargada de impartir instrucciones, fijar criterios, monitorear cómo vamos a estar actuando en esta calificación de servicios mínimos. Van a haber dictámenes sobre la materia y un marco instruccional del procedimiento a seguir. Tengo la impresión de que vamos a estar en plenas condiciones de asumir la tarea.

Otro punto que plantea la reforma es el Consejo Superior Laboral. ¿Qué utilidad presta a los trabajadores?

Si bien el Consejo no toca a la DT, porque eso está más bien radicado en el Ministerio del Trabajo, tengo la impresión de que naturalmente es una instancia de diálogo social, que no existe en Chile, porque no está institucionalizado. Es una función absolutamente necesaria en el esquema de relaciones laborales del país.

Al no existir instancias formales e institucionalizadas de diálogo social, la conflictividad se canaliza por otras vías o las negociaciones se hacen por otros caminos. Eso hace que el organismo fiscalizador, en este caso mediador, tenga una sobre-actuación, porque al final como no existen instancias de diálogo, somos nosotros los que asumimos de alguna forma esa parte, a través de los Consejos Tripartitos de Usuarios, pero debiese ser el Estado en su conjunto el que tuviese instituciones de diálogo social.

¿Las instancias de mediaciones siguen en la DT?

Sí, además tenemos los Consejos Tripartitos de Usuarios, donde los temas son amplios, no hay un catálogos de materias, sino que son temas amplios, normalmente focalizados en las regiones donde funcionan.

Respecto a las nuevas responsabilidades que tendrá la DT, ¿cómo se están preparando? ¿Harán capacitaciones internas, contratarán más personal?

Llevamos un año de preparación al interior de la DT. Tenemos un cronograma, un proyecto de implementación de la reforma bien estructurado, que tiene, por una parte, dictámenes como toda ley nueva. Más que interpretativos sobre temas álgidos, lo que hacen es desmenuzar la ley desde un punto de vista pedagógico.

Vamos a sacar entre ocho y 10 dictámenes de oficio, porque la ley es muy extensa, por tanto, vamos a partir por el dictamen de vigencia y el de servicios mínimos. Si bien la ley entra en vigencia en abril, en materia de servicios mínimos hay una norma transitoria que tiene vigencia anterior, es decir, a partir de enero de 2017, las empresas pueden empezar a pedir calificaciones, cuando las fechas de negociación están muy pegadas al 1 de abril.

Vamos a actualizar todo nuestro marco instruccional. Tenemos uno completo sobre negociación colectiva, muy utilizado por los actores sociales, tanto empleadores como sindicatos.

También vamos a capacitar. Tenemos recursos destinados para capacitar a cerca de 400 funcionarios internos, de la línea jurídica y de relaciones laborales. Empezamos en septiembre, por lo tanto, de aquí a diciembre esperamos tener capacitados a 400 funcionarios, que son los más incidentes con la negociación colectiva.

Además hay un plan de capacitaciones y difusión hacia afuera: talleres, seminarios, capacitaciones a dirigentes sindicales, empresas, que ya están partiendo. Un plan de difusión de la norma, a través de nuestra página web y de los distintos canales que tenemos de difusión.

En términos de estructura y de dotaciones, nosotros ya contratamos con cargo al presupuesto de este año, alrededor de 19 abogados. Nos anticipamos, para reforzar la línea de relaciones laborales. Contratamos cinco profesionales para esta unidad de servicios mínimos. La ley contempla la contratación de algunos mediadores y algunos funcionarios de asistencia técnica para pequeña, mediana y micro empresa.

¿RELACIONES LABORALES EN  TRIBUNALES?

Habló de ocho o 10 materias sobre las cuales están desarrollando dictámenes ¿Podría adelantar que otros temas están trabajando?

Partimos con vigencia, que es la norma base que dice qué ley se aplica, dependiendo de la fecha de negociación que te toque. Dictamen sobre servicios mínimos, negociación colectiva, procedimiento de negociación colectiva reglada, pisos de negociación, huelga, sobre prácticas antisindicales y procedimientos judiciales.

La elaboración de dictámenes responde a aclarar la norma, sin embargo, distintos actores han insistido en el tema de la judicialización; empresariado, medios de comunicación… ¿A su juicio, a qué se debe?

Yo soy de las personas que no le tiene miedo a la judicialización. Yo creo que forma parte del Estado de Derecho y el diseño legal es que existe un órgano administrativo, que le toca interpretar, que le toca fiscalizar y todas las actuaciones de los órganos administrativos son siempre revisables en sede judicial y eso forma parte del Estado de Derecho. Por lo tanto, que algunos temas eventualmente más álgidos puedan llegar, en definitiva, a un tribunal a mí no me produce ningún problema.

Probablemente, el problema sería si la judicialización entorpece los procedimientos de negociación colectiva y ese sería un tema complicado, porque a veces pasa que los tiempos de la judicialización no conversan con los tiempos de la negociación colectiva. Ese podría ser un tema puntual. Pero, en definitiva, que un tema álgido sea resuelto por el órgano judicial en algún sentido, en lo particular, a mí no me produce ninguna preocupación.

¿Luego de la reforma cree posible que algunos puntos de la negociación colectiva se lleven a tribunales?

Uno de los temas que uno puede prever que habrá algún tipo de pronunciamiento de los tribunales es el de los grupos negociadores. Lo que hizo el Tribunal Constitucional, al eliminar la titularidad sindical, elimina las normas de negociación que tenía el grupo negociador, por lo tanto, quedaron sin regla.

DEUDAS Y PROYECCIONES

¿En qué queda al debe la reforma laboral? La Presidenta reconoce, al momento de su promulgación, que hay cosas que no dejan tan contento al gobierno…

Tomando lo que la propia Presidenta declaró, el proyecto del gobierno era mucho más equilibrado de lo que salió, porque efectivamente producto del paso del proyecto por el Tribunal Constitucional, se sacó uno de los elementos medulares, que era la titularidad sindical.

¿Qué viene ahora en materia laboral? Porque costó mucho llegar a esta reforma. ¿Habrá que esperar la misma cantidad de años para hacer una próxima reforma? ¿Qué proyecciones hacen ustedes?

No sabemos. Eso va a depender de los actores sociales y del gobierno de turno. En materia legislativa, vienen algunos proyectos que ya están en el Congreso. Hoy se ingresó el proyecto de aumento en las pensiones y me imagino que vendrá un proyecto más general sobre el tema de pensiones.

En lo particular, lo que se nos viene a nosotros en un proyecto de modernización de la DT, que forma parte del programa de gobierno, y lo hemos desarrollado desde el inicio de esta administración. Va por dos carriles: uno que es un proyecto de modernización a través del Banco Interamericano de Desarrollo y el Ministerio de Hacienda. Empezamos a mediados de este año, con 4 mil 200 millones de pesos involucrados, donde el eje se poner en la atención de usuario, es decir, cómo mejoramos la forma de atender a nuestros usuarios, en materia de fiscalización y de conciliación y en nuestra plataforma tecnológica, cómo modernizamos en ese sentido.

Y un eje que va por carril paralelo es cómo modernizamos facultades por la Dirección del Trabajo y, por lo tanto, ahí hay ya está comprometido y se ha anunciado un proyecto de ley de modernización para el mes de enero, probablemente, en que por una parte se va a tocar el tema facultades y se van a aggiornar  las facultades, sobre todo en materia tecnológica de la DT, junto con una modernización del sistema de recursos humanos al interior de la Dirección, que es lo que se conoce normalmente como ley de planta.