NOTICIA: Cámara de Diputados realizará la votación este miércoles 8 de abril previa urgencia que ha puesto el gobierno a un proyecto que a juicio de las/los trabajadoras/es de Junji, atenta con la equidad, precariza el trabajo, escolariza la educación parvularia y privatiza la educación inicial.
Santiago, 8 de abril de 2020] En alerta están los cerca de 6 mil funcionarios adscritos a la asociación gremial, Aprojunji, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI, tras la discusión del Proyecto Subvención Niveles Medios que se encuentra en la Cámara de Diputados.
Se trata de una iniciativa que está ad portas de ser aprobado, y que ha sido denominado por el gobierno de turno “Proyecto de Equidad de la Educación Parvularia”. A juicio de la presidenta Nacional de Aprojunji, Susana Cristi, “no estamos de acuerdo con este proyecto ni conformes en cómo se ha diseñado y ejecutado por ejecutivo y llevado todo el trámite parlamentario. Se está haciendo un daño irreparable a la educación inicial de los niños y niñas de Chile, porque escolariza la niñez con metodologías no pertinentes a esta etapa crucial de desarrollo, precariza la función de las trabajadoras/es, entrega este nivel, el único que se mantenía incólume, frente a la privatización, al ingresar las escuelas a este sistema con criterios de mercado”, advierte.
Esto significa en la práctica, explica la dirigenta nacional, que si bien se enmarca en grandes reformas de la educación pública, se contradice con el derecho a la educación, ya que “busca crear financiamiento para establecimientos particulares de educación parvularia y no asegura la equidad del financiamiento por niño porque se ha agregado una serie de consideraciones que no mejora la calidad de la formación que se les está entregando”, dice.
En palabras más simples, lo que hace esta iniciativa es aumentar las subvención a jardines VTF (vía transferencia de fondos), los que actualmente reciben montos de $126.683 aumentando la asignación en $245.000, estando aún lejos, de los montos que reciben los niños de Junji e Integra, de 278.778 y $218.013 respectivamente, considerando que estas tres instituciones atienden a los niños y niñas con mayor índice vulnerabilidad social y económica. Aquí bastaba con modificar el Decreto 67, para eliminar esta desigualdad que se arrastra por años en los jardines VTF”, dice la presidenta.
Además ingresarían al sistema de subvenciones los jardines particulares, dejando una vez más “a los vaivenes del mercado la educación de los niños y niñas de nuestro país”, explica.
A esto se suma, dice Susana Cristi que la subvención será otorgada por asistencia a aula, y no por matrícula, o sea basal, y “lo que nosotras queremos es que el pago sea por asignación basal; a eso llamamos equidad, es decir, de la forma que se cancela en Junji e Integra”.
Así también deja abiertas las preguntas para la reflexión asociadas a sale el “¿Porque tal discriminación? ¿Acaso no son niños y niñas con los mismos derechos? ¿Y acaso no hay una Declaración de los derechos de la Niñez, ratificada por el gobierno de Chile en el año 1990, que los protege? Incluso están emplazados dichos jardines VTF, Integra y Junji en el mismo barrio o localidad. Además, no se contempla que hay mayor vulnerabilidad por la etapa de desarrollo físico, emocional, por tanto, niñas y niñas se encuentran más propensos a ausentismo por enfermedades estacionales y otras causas”.
Otro aspecto, menciona Cristi “que es necesario relevar en este proyecto, es que se exige contar con Reconocimiento Oficial, (RO), que son estándares básicos para que funcionen los establecimientos, y para ello se requiere una buena dosis de inyección de recursos de parte del estado, a saber, de los 1.723 jardines VTF, sólo un 5% tiene este RO, y el nuevo plazo es el año 2022. Con lo destinado en inversión por el gobierno, no alcanzaría para cubrir RO para esa fecha”
En este contexto, Susana Cristi hizo un llamado a parlamentarios a rechazar este proyecto porque “es un deber ético con la educación inicial y además porque se ha legislado a espaldas de los trabajadores y trabajadoras, en este momento tan crítico para nuestro país y el mundo, producto de Covid-19, señalando además que los parlamentarios tienen una oportunidad, para que la ciudadanía vuelva a confiar en su función. No queremos precarización, educación temprana. Queremos equidad de subvención para niños y niñas. Aquí hay un deber ético y social, con la educación pública, y es el estado el que tiene la responsabilidad social de proveerla”, dijo.
Agregó que desde esta asociación lo que se quiere es “que la opinión pública comprenda que este proyecto, así como lo ha dejado el gobierno que además en la última sesión en sala de Cámara de Diputados, eliminó todas aquellas indicaciones que ya habían sido aprobadas, no satisface el fortalecimiento de la educación inicial, fortalece el lucro y el estado no se hace responsable en su rol garante de igualdad para todos y todas en la infancia.
