Si bien el número de inmigrantes que trabajan en el mundo agrícola no es muy alto, esto porque según cifras de la Fundación Superación de la Pobreza, el empleo inmigrante en la agricultura representa solo un 3,4% del empleo de la rama a nivel nacional, de todas formas la precarización laboral a la que se ven expuestos es algo que preocupa.
Según el secretario ejecutivo del Movimiento Acción Migrante, Eduardo Cardoza, son muchas las denuncias que llegan a la agrupación, especialmente de haitianos que trabajan en trabajos agrícolas como temporeros, donde sus condiciones laborales alcanzan altos niveles de precariedad. Comenta Cardoza que “sobre todo con la externalización que hay en este tipo de trabajo, las condiciones son terribles, no se cumplen contratos, ni horarios, ni los pagos acordados. Se nota una ausencia importante de supervisión por parte del Estado. Nos han comentado incluso, que por ejemplo en Talca se han reportado casos de haitianos que están durmiendo en contenedores. Es algo lamentable y muy negativo para ellos, es una explotación que no quisiéramos ver más en este siglo”.
Según Acción Migrante, la responsabilidad principal es del Estado de Chile, el que debe fiscalizar este tipo de casos y no “preocuparse más de reprimir y generar una cierta irregularidad migratoria”, señalan desde el movimiento donde insisten en que el gobierno debe preocuparse que estas personas que ya están integradas al mundo laboral tengan al menos las normas mínimas.
De acuerdo a un estudio realizado el año 2019 por la Fundación para la Superación de la Pobreza, en donde muestra el caso de la provincia de Melipilla, lugar con amplia población migrante, la cantidad de extranjeros que trabajan en el sector agrícola es considerable, alcanzando el 45,5%, comparado con los chilenos que sólo llegan al 17,6%. Una cifra que preocupa en el sentido que según este mismo estudio las condiciones en general son precarias, y se observan tres situaciones claras de abuso: Informalidad contractual, incumplimiento del empleador y precariedad de la indumentaria para el trabajo en cosecha.
Para Eduardo Cardoza de Acción Migrante, esta es una situación preocupante y urge que el Estado se haga cargo ya que ellos como organización no tienen “los recursos para hacer una investigación al respecto y meternos en todos los territorios e ir con un abogado laboralista y hacer todo lo que hay que hacer, son muchos los niveles de explotación, pero eso no es nada nuevo, viene de bastante tiempo”.
